Las ONG sostienen que falta información y la posibilidad de cursos y de informar de forma adecuada por parte de la administración estatal
Tasas abusivas, exámenes inadecuados y la posibilidad de ser rechazado incluso tras haber pagado y entregado toda la documentación son las principales quejas que se repiten entre los aspirantes a lograr la nacionalidad española con la que adquirir plenitud de derechos en el Estado.
Desde la implantación de esta nueva batería de requisitos en 2015, Médicos del Mundo difundió un informe en el que define el nuevo proceso como «más discriminatorio, costoso y privatizador».
Andrea Rozo González, integrante de Zaska, Red Antirumores de Navarra, considera que “es un proceso que piensa poco en las personas, como si unas tuviesen más derechos que otras. Da la sensación de que los nuevos trámites pretenden recaudar y dificultan, aún más, el acceso a la nacionalidad. En cuanto al examen de castellano, es un DELE que se certifica a través de una entidad privada y exige niveles de educación por encima de Secundaria”.
«No es nada justo», acota.
En primer lugar, se trata de una prueba de cultura española (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, CCSE) y la acreditación de un nivel de conocimiento de la lengua española A2 (Diploma de Español como Lengua Estranjera, DELE).
El denominado DELE acredita la comprensión lectora, auditiva y de frases y expresiones. Según Médicos del Mundo es «una tremenda discriminación para los migrantes que no proceden de Latinoamérica».
«Supone nuevos gastos y dificultades para personas no necesariamente acostumbradas a estudiar y a las que se les exige un nivel de conocimiento de la lengua española que no se le exige a quienes la tienen por nacimiento», agrega el estudio.
La CCSE (cultura) exige un 60% de aciertos, se lleva a cabo el último jueves de cada mes ( excepto en diciembre y agosto) y tiene plazas limitadas.
«Es un problema, ya que debe armonizarse con otras documentaciones imprescindibles en el proceso, como los certificados de penales, que tienen caducidad temporal», critica el informe.
Según datos facilitados por la Delegación de Gobierno en Navarra, desde octubre de 2015, (la primera convocatoria) en la Comunidad Foral se han presentado más de 2000 personas. En Navarra existen cuatro centros de examen: ESIC Business & Marketing School (en Tudela), Pamplona Learning Spanish Institute y ambas universidades.
La web del Instituto Cervantes informa que en Pamplona solo hay un centro acreditado para dar cursos de preparación, Pamplona Learning Spanish Institute. Aunque hay organizaciones que dan clases de castellano, tanto estas como los candidatos piden que se oferte por parte de la Administración una serie de cursos preparatorios gratuitos, así como ayudas para el resto de gastos.
La suma de dichas tasas superan los 300 euros, entre las administrativas de 100 euros y las correspondientes a los dos exámenes de cultura y castellano, de 85 y 125 euros. Además, todos los costes de desplazamiento, así como traducir y legalizar los documentos necesarios del país de origen.
El diputado socialista Antonio Hurtado, que preguntó al Gobierno recientemente por la recaudación obtenida por esos exámenes, afirmó en declaraciones a EFE que son pruebas «arbitrarias e injustas».
«Muchas personas inmigrantes lo considera una barrera insalvable, por lo que se ve obligados a renunciar a la nacionalidad», apostilló el diputado socialista.
Asimismo, consideró que supone más bien «un gravamen económico» para los inmigrantes que «una forma demostrativa de integración real».
Para completar los requisitos, se exige acreditar el empadronamiento durante el período requerido (varía de uno a diez años) y que este haya sido legal (no sirven los tres primeros años en situación irregular o una estancia por estudios o turismo), los diplomas de las pruebas, un certificado de antecedentes penales y un informe de arraigo de los Servicios Sociales.
«Además, el Supremo valora una buena conducta durante todo el periodo de residencia del país, y suficiente grado de adaptación», expone Rafael Paredes, abogado de Bidean, que asesora gratuitamente a inmigrantes.
¿Por qué pasar por un proceso tan farragoso? «Así tienes plenos derechos civiles, sociales y políticos», resume Andrea Rozo, de Zaska: «puedes votar, acceder a oposiciones, becas… Dentro de la Administración, la mayoría de puestos son solo para nacionales”.
UN PROCESO CENTRALIZADOR
Desde el 1 de julio las solicitudes se mandan directamente desde las delegaciones de Gobierno al Registro Civil Central de Madrid, informó el área de Atención Primaria e Inclusión Social del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
«Como cualquier trámite de Extranjería, se paga la tasa y ya se verá si se renueva, puede que la denieguen después», explicaron desde este área.
El servicio de asesoramiento jurídico del Gobierno de Navarra les ofrece asesoramiento, les ayuda a preparar el dossier, a registrar la solicitud y digitalizar el expediente en la oficina de Delegación del Gobierno, entre otras gestiones.
Sin embargo, también tienen recogidas las demandas del colectivo sobre la necesidad de un refuerzo en la preparación de estos exámenes.
LOS TESTIMONIOS DE LOS AFECTADOS
«Yo hice el examen de castellano en octubre de 2016 y no he tenido contestación», cuenta Abby, trabajadora de Médicos del Mundo, de origen senegalés. «Del Instituto Cervantes nunca contestan. Recuerdo que, como no salían los resultados, llamaba y no me daban información. Con lo que cobran deberían dar clases o información», critica. Abby llegó en 2004 al país y nunca ha dejado de trabajar. La sensación que le queda es que ¿por qué pagar un examen para demostrar que está integrada? «Hay muchas formas de integrarse, hablo castellano, trabajo en formación a mujeres, tengo amigos, sé cómo funcionan las cosas, eso es integración», considera.
Djamila se examinó en 2016. La trabajadora de Médicos del Mundo Navarra explica que entiende que «haya que conocer la cultura y el idioma, pero te piden un nivel A2, supone muchísimo esfuerzo. Es un examen muy duro al que solo puedes presentarte una vez, si fallas tienes que volver a inscribirte y pagar». Sobre el examen de Cultura, aclara que «no me molesta pagar y estudiar, pero me hicieron pagar 85 euros para preguntarme si Enrique Iglesias es un guitarrista, un cantante o un torero? «Con lo difícil que es ir a otro país, aprender otro idioma, buscar piso, abandonar todo, adaptarnos… Esa gente está sufriendo en sus países, por eso salen, solo hay que ver el modo en el que vienen. ¿Creen que los africanos no tenemos miedo a la muerte?».
Saliou Ndiaye lleva unos 13 años en Pamplona, vive con su mujer y sus tres hijos. Está iniciando el proceso de nacionalización y reconoce que, a pesar de los «problemas», quiere continuar para así «tener más derechos». «En Senegal faltan trabajo y oportunidades, no hay tantas posibilidades como aquí de llevar una vida normal» explica Saliou. «El problema es que hay que hacerlo todo por Internet, pagar mucho dinero y piden tantos papeles…Aunque lo más complicado son los exámenes, yo trabajo y no tengo mucho tiempo para estudiar», agrega.
«Yo vine con la mentalidad de quedarme y ahora quiero nacionalizarme porque mi vida está hecha aquí», cuenta Dani, de origen rumano, afincado en el país desde hace 16 años y a punto a finalizar el proceso. «Te vuelven loco, tienes que preparar muchísimo papeleo. Lo que más me fastidia es que nuestro propio país no nos ayuda, al contrario, se aprovecha y nos cobra por todo».Para Dani, falta apoyo por parte de la Administración española, «no tenemos información ni cómo preparar los exámenes», critic
Los candidatos a la ciudadanía española apuran los últimos ejercicios. Ha sido complicado, coinciden. Sobre todo el audio. Hablaban muy rápido. Había que practicar, es importante venir preparado, aconsejan a la salida a próximos examinados. Las preguntas, rebuscadas, y tuvieron poco tiempo para responderlas.
Estas son las principales cuestiones que brotaron tras los nervios y la tensión de más de cuatro horas de examen. Pero las dudas y la inseguridad les han acompañado todo el proceso.
También lamentan la falta de información por parte de la entidad encargada del examen, el Instituto Cervantes, institución hermética que reduce las interacciones al correo electrónico, la vía impuesta desde la inscripción.
Jhangeer, paquistaní, vive en Lodosa y lleva 13 años en el país. Cuenta que lo ha tenido difícil para prepararse, “allí no hay cómo, no hay cursos”. Los principales centros de examen, las universidades, solo ceden el espacio y a su personal para supervisar las pruebas por un convenio que tienen firmado con Cervantes.
Tampoco en el Registro Civil reciben mayor información, aseguran. Los cinco llevan una media de 15 años residiendo en España. Pero no es suficiente.
Zhana, búlgara, afincada aquí desde hace 16 años, considera que es una forma de restringir el acceso a la nacionalidad.
